Con una superficie casi cinco veces mayor que la española, Argelia es el segundo país más grande de África, solo por detrás de Sudán, si bien el 85% de su territorio es desierto.

Su población, superior a los 35 millones de habitantes, se concentra sobre todo en la zona costera y tiene una renta per cápita de 4.027 dólares.

Dos son las características principales de la economía de este vasto país: el enorme peso del sector de hidrocarburos, que representa por sí solo casi el 50% del PIB, y más allá del 95% de las exportaciones, y la gran preponderancia del sector público, que domina ámbitos como el sistema financiero, energía, obras públicas, construcción, etc.

Una economía poco diversificada

Los dos problemas primordiales de la economía argelina se centran en la escasa diversificación de la actividad y en el alto índice de desempleo. El predominio de los hidrocarburos es tal que la industria manufacturera no supone más del 4,4% de participación en el PIB. Sin embargo, la disminución del precio internacional del petróleo y las posteriores decisiones de reducción de la producción por parte de la OPEP han ralentizado el crecimiento económico, que en 2009 fue del 2%, aunque se prevé un incremento hasta el 4% en 2010 gracias al aumento del gasto público presupuestado y a la reciente evolución alcista de los precios del crudo.

El otro problema económico que pesa sobre Argelia es el alto nivel de desempleo. Según las cifras oficiales, se ha ido reduciendo hasta situarse en el 10,2% de la población activa, pero estos datos son puestos en entredicho, ya que incluyen como población empleada al conjunto de trabajos a domicilio, jóvenes en el servicio militar obligatorio y empleos irregulares, lo que supondría en realidad el 24% de dicha población.

Por lo demás, el resto de magnitudes macroeconómicas se mantienen relativamente controladas. Quizá las que más se han resentido han sido las cuentas públicas, que, han sufrido en 2009 una brusca caída, con la consiguiente aparición de un déficit presupuestario (8,4% del PIB) por primera vez en los últimos 10 años. En cuanto a la inflación, aunque ha repuntado en los últimos ejercicios, se mantiene en cifras relativamente controladas (actualmente en un 5,7%). Por su parte, el sector exterior, con un elevado superávit tanto comercial como por cuenta corriente ha permitido reducir de forma drástica la deuda externa (hoy supone solamente el 3,6% del PIB). Sin embargo, esta tendencia se ha detenido en 2009, lo que ha obligado a la adopción de medidas restrictivas a la importación que veremos más adelante.

Con el objetivo de modernizar las infraestructuras socioculturales y económicas del país, el presidente Bouteflika ha introducido, desde su elección en 1999, dos planes de apoyo al crecimiento. El primero obtuvo un nivel de realización bajísimo, mientras el segundo, aunque superior al primero, quedó también lejos de los objetivos fijados, y con una imagen dañada por el fracaso de los proyectos más emblemáticos, principalmente el del metro de Argel, cuya puesta en servicio se ha aplazado sine die. El presidente ha anunciado otro macroprograma para el período 2010-2014 por un importe de 150.000 millones de dólares, pero apenas se conocen ciertos detalles del mismo, y se mantiene en realidad como un conjunto de proyectos en el ámbito de cada ministerio.

Nueva normativa de importación

Argelia registra un alto volumen de importaciones debido al reducido nivel de industrialización del país. En realidad tiene que importar todo tipo de productos, de todos los sectores, incluido el agroalimentario. Por ello, el grado de apertura de su mercado es notable (su comercio exterior supone un 57,6% del PIB, y las importaciones un 27,3%). Sin embargo, es un mercado complejo en el que existe una gran burocracia y en el que se ha introducido recientemente una legislación muy restrictiva para realizar importaciones.

Argelia no pertenece todavía a la OMC, principalmente por la oposición de la UE y los Estados Unidos. Entretanto, la UE firmó con el país un acuerdo de asociación, que entró en vigor en septiembre de 2005, con el fin de crear una zona de libre comercio y alcanzar una plena liberalización en un plazo máximo de 12 años, aplicando un desmantelamiento arancelario según un calendario establecido.

La nueva legislación sobre comercio exterior introducida a mediados del año pasado, principalmente a través de la Ley de Finanzas Complementaria, ha supuesto un aumento significativo de las trabas a la importación. A partir de entonces, el pago de todas las importaciones debe realizarse obligatoriamente a través de crédito documentario, y debe tramitarse únicamente a través de los corresponsales acreditados por los bancos argelinos. Además, ha de presentarse un certificado sanitario/fitosanitario para todos los productos agroalimentarios que no hayan sido sometidos a tratamiento térmico o de conservación. Las importaciones de equipos, materias primas y piezas de recambio están sujetas a domiciliación bancaria previa. Por último, queda prohibida la importación de mercancías usadas.

Estas nuevas normas han llevado la preocupación a las empresas extranjeras exportadoras o establecidas en el país. Para Celia García, gerente de Maesa, una filial creada en Argelia por la empresa española Celtiart para la fabricación de manufacturas de aluminio, “suponen un serio inconveniente, pues nosotros importamos desde España todo el perfil de aluminio que utilizamos, y la obligación de hacerlo mediante crédito documentario significa romper con unas relaciones de fidelidad con nuestros proveedores muy consolidadas”. Roberto Álvarez, jefe de exportación de Alimentos Naturales, empresa leonesa establecida también en el mercado, también muestra su preocupación: “Nosotros importamos legumbre seca y productos ya elaborados hasta Argelia, y ciertamente las nuevas condiciones de importación han añadido dificultades a nuestra actividad.”

Cambio en las inversiones

En el capítulo de la legislación sobre inversiones extranjeras, el panorama no es más halagüeño tras la aprobación de la Ley de Finanzas Complementaria. Argelia otorgaba trato nacional a las inversiones extranjeras hasta el año pasado, pero este ha sido eliminado. Así, de acuerdo con la nueva normativa, las sociedades extranjeras dedicadas a la producción de bienes y servicios deben tener al menos un 51% del capital en manos de nacionales residentes. Además, las sociedades de comercio exterior deben contar en su capital con una participación de nacionales residentes de al menos el 30%. Ambas medidas no tienen carácter retroactivo. En la normativa se señala también que toda inversión realizada por persona física o jurídica extranjera ha de ser previamente aprobada por el Consejo Nacional de Inversiones.